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Diputados aprueban proyecto de ley que aumenta sanciones por robo de agua.

  • • Hasta $200 millones y cinco años de cárcel podrían aumentar las multas por extracción ilegal de aguas, según proyecto que debe ser sometido a trámite en el Senado.
  • • El Ministro Golborne estuvo presente, el día de ayer, en la discusión de este proyecto en la sala de la Cámara Baja.

Como un triunfo calificó el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, el amplio apoyo que recibió hoy en el Congreso el proyecto de ley ingresado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) que aumenta las sanciones ligadas a la extracción ilegal de aguas y la capacidad fiscalizadora de la Dirección General de Aguas (DGA). Con 104 votos a favor y 2 abstenciones, el proyecto ingresado a mediados de enero, fue aprobado por la Cámara de Diputados, tras lo cual debe continuar trámite en el Senado.

El objetivo de la modificación es aumentar las sanciones y la pena asignada al delito de usurpación de agua, además de generar una tipificación de todas las conductas e infracciones que están castigadas por la ley. Así también, el proyecto entrega a la DGA la facultad para ordenar la paralización y el cegamiento de los pozos en casos de extracción ilegal, reforzando así la labor realizada por el servicio dependiente del MOP.

“Sin duda esto representa un gran paso para nuestro Ministerio en su tarea de velar por la protección de los recursos hídricos. Durante mucho tiempo las penas y multas no se condecían con el daño causado, tanto al medio ambiente como al resto de los usuarios. Este proyecto está hecho justamente para remediar este problema. Ahora esperamos que se tramite pronto en el Senado para poner fin a este tipo de situaciones”, dijo el ministro Golborne.

Actualmente, la multa por una captación ilegal puede llegar hasta las 20 UTM, es decir casi $800 mil. Con la modificación, las infracciones más graves podrían alcanzar los $200 millones. Ahora bien, en cuanto a las penas asociadas al delito de usurpación de aguas, con el proyecto se aumentan las penas de presidio en un grado, pudiendo llegar hasta cinco años en caso que el delito se cometa con violencia.

De acuerdo a lo indicado el seremi de Obras Públicas de Tarapacá, Robinson Rivera, señaló que “es importante que el presidente Sebastián Piñera haya gestionado esta próxima ley, porque para nuestra región el agua es escaza y ya hemos sufrido el problema de usurpación del recurso hídrico, ahora nuestra DGA podrá mejorar la fiscalización y tendrá la facultad de sancionar de uso ilegal de aguas de acuerdo a la gravedad de la situación”.

El proyecto fue ingresado a mediados de enero y demuestra la intención del gobierno por mejorar la gestión y aumentar la protección de los recursos hídricos.

 

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