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CÁMARA APRUEBA PROYECTO DE ACUERDO DE DIPUTADA MARTA ISASI QUE PIDE INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN CASO DE UNIVERSIDAD DEL MAR

Una urgente intervención del Ministerio de Educación en la grave situación que está atravesando la Universidad del Mar en todas sus sedes del país pidió la diputada, Marta Isasi, a través de un proyecto de acuerdo que apoyado por unanimidad en la Cámara Baja.

“Creemos que es de real importancia un pronunciamiento concreto de parte del MINEDUC y de las autoridades competentes a un grave hecho que está ocurriendo en distintas regiones de Chile con esta universidad privada”, subrayó.

Recalcó que “aquí no solamente salen perjudicados los estudiantes, sino que también los docentes, los rectores y las familias que hay detrás de cada persona afectada con esta compleja situación que solamente demuestra la crisis en que está nuestra educación”.

En ese sentido, Isasi propuso, a través de la iniciativa, que realice la actual auditoría a la Universidad del Mar con la mayor celeridad posible, sin descuidar obviamente la acuciosidad en el examen.

La diputada regionalista e independiente agregó que dicha investigación también se debe iniciar en otras universidades privadas del mismo tipo para detectar la existencia de actividades lucrativas encubiertas y por tanto, contrarias al espíritu de la legislación.

A su parecer se deben imponer “las más severas sanciones para aquellos casos en que se constate la existencia de un lucro ilegítimo, sobre todo en los casos en que dicho lucro se obtenga a costa de los trabajadores, profesores y funcionarios de dichas instituciones”.

Parte del proyecto de acuerdo, respaldado por todos las bancadas legislativas, señala que “lo prescrito en el Art 30 de la Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, que señala: “Las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial.

Además que “el caso de varias universidades privadas del país, las que realizan un verdadero fraude a la ley para evadir el anterior mandato legal y así repartir las ganancias entre los dueños por medio de distintos mecanismos legales. El más conocido de los mecanismos que utilizan los dueños de universidades privadas para evadir la ley es transferir recursos a título de arrendamiento a sociedades inmobiliarias relacionadas, por medio de las cuales pueden retirar sus utilidades”.

El texto agrega que “tal como ha quedado en evidencia en varias oportunidades, la Universidad del Mar ha privilegiado el pago de tales rentas de arrendamiento, que se realizan para sacar recursos de la universidad, por sobre el pago de las remuneraciones del personal y el de sus respectivas cotizaciones previsionales. Lo anterior repercute gravemente en la organización interna de la entidad, afectando de manera directa a funcionarios y profesores quienes deben ver postergado el pago de sus sueldos, honorarios e imposiciones debido a que los directores de la institución privilegian el pago de rentas a sociedades inmobiliarias claramente relacionadas y que tienen por objeto el retiro de utilidades”.

El proyecto dice que “dicha Universidad es una de las universidades privadas más grandes del país, con alrededor de 20 mil alumnos a lo largo del mismo. Es por ello que la existencia de irregularidades al interior de la universidad afecta tanto a los profesores y funcionarios de la misma institución como a sus estudiantes, quienes depositan su confianza en una institución para que los eduque de la mejor forma posible, finalidad que resulta desviada por el ánimo de lucro ilegal que inspira a sus controladores”.

Que si bien el día lunes 4 del presente mes se ha iniciado por parte del Ministerio de Educación una auditoría a la Universidad del Mar tanto por temas académicos como financieros, se hace urgente que tal examen se realice de la manera más rápida posible para poder adoptar decisiones y así solucionar el problema que aqueja a toda esa comunidad universitaria.

Además este no es un problema tan reciente, y dado el deber del Ministerio de Educación de fiscalizar el debido cumplimiento de las normas que rigen a las instituciones de Educación Superior, debiera haber sido detectado con anterioridad estos comportamientos ilícitos y no actuar de manera represiva como ocurre hoy en día.

Concluye que “el problema descrito en los considerandos anteriores no es sólo un fenómeno local, sino que afecta a cada una de las sedes que tiene dicha Universidad a lo largo del país, afectando con ello a los profesores y estudiantes de las mismas”.

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Categorías:Uncategorized
  1. juan de temuco
    9 junio 2012 en 4:04 pm

    ¿los honorables no saben que todas las universidades privadas usan la figura de la “inmoviliaria” para desviar fondos de la universidad al bolsillo de los dueños?

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